Hoy algunos marcarán los límites, se indignarán o hablarán de la importancia de mantener la institucionalidad. Pero los linchamientos están inscriptos en la campaña “manodurista”.

Octavio Crivaro

Miércoles 14 de septiembre | Edición del día 1

La imagen color sepia de gente linchando a un presunto ladrón en la intersección más céntrica de Rosario no fue una casualidad, un exceso o un evento que surge por generación espontánea. De ninguna manera: fue un resultado consciente (y en cierta manera buscado) de una campaña coral orquestada desde los grandes medios de comunicación rosarinos y los responsables gubernamentales de una situación social crítica que, encima, empeora.

El fantasma de David Moreyra, el joven cobardemente asesinado en la zona oeste de la ciudad de Rosario, linchado por decenas de personas organizadas para matar, sobrevoló Corrientes y Córdoba. Si no llegó al mismo desenlace fue quizá porque en el pintoresco centro de Rosario todo se disimula, se maquilla, evita los extremos. Es que allí se sacan las fotos de las postales donde se vende la “marca Rosario” y, por ello, quedaría mal eso de andar matando supuestos delincuentes delante de las cámaras.

En lugar de hablar de una crisis social que ubica a Gran Rosario en el podio del ranking nacional de desempleo con casi 12%, y del indisimulable entramado que liga a funcionarios políticos, judiciales, policiales y bandas narcocriminales, una realidad tan evidente que hasta Lanata supo verla, los medios martillan con los hechos de inseguridad y crean un ambiente propicio para dos “fenómenos aberrantes”: la justicia por mano propia por parte de sectores de la sociedad derechizados y la militarización del “territorio” por parte de Gendarmería y Prefectura.

El caso del médico que fusiló un ladrón de manera artera, y que fuera reivindicado como “víctima” por la así llamada Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, desnudó hasta que punto llega la psicosis que quieren crear medios y gobierno. La reivindicación de la figura de este tipo de “héroe” (asesino) que interviene con sus propios medias (armas), impulsa a sectores a actuar ante la supuesta “ausencia del Estado”. Lejos de estar ausente, el Estado está presente en la gestión del delito grande (narcotráfico, desarmaderos, trata, etc.) y pequeño, como se vio en el caso de Luciano Arruga, asesinado por no querer robar para la Policía Bonaerense.

Esto, si de por sí es cobarde, cuando se hace en masa es vergonzoso y cuasi fascista. La brutalidad del caso de David Moreyra está ahí para comprobarlo. Las represalias contra el supuesto ladrón en barrio Azcuénaga llegaron al punto de las amenazas contra la familia, que tuvo que abandonar la ciudad. Hoy hay cero detenidos por el caso. Eso no lo menciona la “campaña por seguridad”.

La otra pata del relato derechizante, por supuesto, es la legitimación, la creación de la idea de que “es necesario” que vengan más tropas, más efectivos, más fuerzas represivas. Esta premisa es hasta cómica, si no fueran a llenar a Rosario de soldados. Hoy están siendo procesados todos los policías de la Comisaría 19 de Rosario. El ex jefe máximo de la Policía de Santa Fe, Hugo Tognoli, acaba de ser trasladado a Ezeiza pero no a dirigir una Comisaría sino a habitar una celda. La descomposición de la Policía llega a niveles novelescos. Pero esa basurita se pone bajo la alfombra, se focaliza en el “delincuente individual” y se crean las condiciones para que una parte de la sociedad apoye la presencia de otras tropas de otra fuerza.

La premisa de que una fuerza que empuje en sentido opuesto a otra anula el efecto de la primera, sirve para la Física pero no para las fuerzas de seguridad. La Gendarmería, asociada a la infiltración de organizaciones sociales y políticas y al contrabando en las fronteras, y la Prefectura, que controla lo que entra y sale de los ríos y mares de Argentina, o bien puede jugar un rol decorativo o puede disparar una disputa entre “bandas de seguridad” de la que no puede surgir nada progresivo.

En la llegada de gendarmes durante 2014 y 2015, el delito no bajó sino que se desplazó a la periferia. Osea no hay una sola cifra que justifique la actual saturación verde oliva y caqui. El actual desembarco, al venir con mayor consenso gubernamental, ¿creará las condiciones para una nueva crisis política con eje en la presencia simultánea de varias fuerzas represivas? Se verá. Lo que es seguro es que se enrarecen las condiciones para la represión y el control social. El progresismo del PS de Lifschitz calca su agenda de la derecha de Cambiemos.

La presión mediática, estatal e incluso de sectores populares en el sentido de endurecer la política represiva, no debe hacer ceder a las organizaciones sindicales, sociales y de izquierda a avalar la agenda de mano dura que consensuan los partidos de los poderosos. La hipocresía de que los que piden “mayor seguridad” sean los mismos que encubren a los jefes policiales mafiosos y que aplican las políticas de ajuste y desempleo, cubre todo con un halo de vergüenza.

La izquierda consecuente se opone a todo ataque a las libertades democráticas y defiende la resolución integral de las demandas populares de trabajo, salario, vivienda y condiciones de vida, atacando los intereses de los sectores concentrados. Lo demás es sumarse como coro a la agenda de Mauricio Macri y la CEOcracia.

Anuncios