mapuche

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Exigimos el alto de la represión, la liberación de los detenidos y que se garantice la integridad y seguridad de las personas mapuche y no mapuche así como su derecho a manifestarse.

El 10 de Enero de 2017 se produjo un violento operativo conjunto de Gendarmería Nacional y la Policía del Chubut en territorio de la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia del Departamento Cushamen, en el noroeste de Chubut, provincia de la Patagonia argentina, a unos cien kilómetros al norte de la ciudad de Esquel, sobre la ruta nacional 40, que fue cortada durante varias horas, aislando e impidiendo incluso el acceso de los abogados de la comunidad al lugar.

El territorio en conflicto fue recuperado por los mapuche en 2015 de manos de la Compañía de Tierras del Sud Argentino, una empresa agropecuaria propiedad del Grupo Benetton. Benetton es, con la propiedad de estas estancias, el mayor terrateniente de la Argentina, con cerca de 900.000 hectáreas.

En el operativo se superpusieron dos órdenes judiciales. Una, emitida por el Juzgado Federal de Esquel, a cargo del doctor Guido Otranto, mandaba a Gendarmería a despejar las vías del ferrocarril conocido como “La Trochita”, que une las localidades de Esquel y El Maitén y atraviesan el territorio de la comunidad (así como el de muchas otras comunidades mapuche y mapuche-tehuelche). La segunda orden, dictada por el juez José Colabelli, del fuero provincial, mandaba a allanar la comunidad por un supuesto caso de abigeato (robo de ganado).

Las fuerzas de seguridad ingresaron al territorio sin supervisión de los jueces, que no estuvieron en el lugar, ni de los fiscales que pidieron las medidas, dando lugar a corridas, trifulcas y enfrentamientos que dejaron tres detenidos (dos de ellos heridos) a disposición del poder judicial federal y tres gendarmes lesionados. A los tres detenidos se les dictó, posteriormente, la prisión preventiva, por lo que permanecerán presos en la Unidad Penal 14, de Esquel.

La Policía del Chubut, por su parte, emboscó a otras siete personas -miembros de la comunidad y visitantes- que habían salido esa misma mañana a buscar animales que se habían dispersado. El vehículo en que viajaban recibió, según las versiones que manejamos, más de 60 disparos. Esta acción produjo siete nuevos detenidos, quienes fueron, además, golpeados en el traslado entre El Maitén y Esquel. Las mujeres detenidas fueron especialmente vejadas y maltratadas. Fueron liberados el 12 de enero, pero quedaron procesados por “abigeato agravado” a manos del juez Dal Verme, luego de que Colabelli aceptara una recusación en su contra.

Pero, además, en la tarde del 10 de enero, mientras en Esquel la gente se agrupaba para acompañar a los detenidos frente a la comisaría y la prisión, efectivos de la Infantería de la policía provincial realizaron disparos contra miembros de la comunidad en la ruta 40. Dejaron dos heridos de bala graves, que fueron trasladados en vehículos particulares al hospital de Lago Puelo porque las ambulancias de Esquel y El Maitén se negaron a acercarse sin custodia policial. Se trató de uno de esos “enfrentamientos” que dejan heridos de un solo lado.

Frente a estos hechos manifestamos nuestro más enérgico repudio y resaltamos algunos aspectos que indican la peligrosidad de las actitudes asumidas por el Estado argentino:

a)      La instalación de la idea de “amenaza” que representa el pueblo mapuche y sus reclamos para la sociedad, intentando ligar sus reclamos a la violencia armada, la guerrilla, el terrorismo y las actividades ilegales. Tanto el Gobernador de la provincia, Mario Das Neves como la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich han hecho declaraciones en este sentido, cuya finalidad es justificar y legitimar acciones represivas como las que se acaban de vivir. No se aplicarán sólo al pueblo mapuche: todo movimiento de protesta estará en la mira.

b)      La tergiversación de los reclamos y las formas de diálogo: mientras se adjudica a las organizaciones mapuche inflexibilidad e intransigencia, el Estado cierra todas las vías de diálogo. Un ejemplo es la mesa de negociaciones que aquí se había abierto respecto del tránsito de “La Trochita”: fue la provincia de Chubut quien se retiró del diálogo.

c)      La connivencia entre los intereses privados y la represión estatal: un supuesto robo de animales justifica un allanamiento, una recuperación territorial (del que Benetton no puede siquiera acreditar legalmente la propiedad) una represión violenta. Al respecto queremos advertir acerca de futuras agresiones del Estado hacia Pu Lof en Resistencia así como otras comunidades y organizaciones mapuche, que desde hace tiempo sostienen paciente y pacíficamente sus reivindicaciones sin que se les escuche, se les haga lugar ni se produzca la reparación que históricamente reclaman y merecen.

Exigimos el alto de la represión, la liberación de los detenidos y que se garantice la integridad y seguridad de las personas mapuche y no mapuche así como su derecho a manifestarse.

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mapuche-herido

Material complementario:

10012017

Dos centenares de gendarmes cercaron la comunidad mapuche de Cushamen, en Chubut, y atacaron a mujeres, hombres y niños. La Gendarmería concretó ayer el allanamiento a la comunidad de Cushamen que la red de apoyo a comunidades mapuche había advertido días atrás y había anticipado PáginaI12. Y fue violento: los uniformados aislaron el territorio en donde los pobladores originarios resisten en su reclamo sobre la propiedad de esas tierras, en manos de la familia Benetton y por la que pasan las vías del ferrocarril local La Trochita. Ingresaron al asentamiento, rompieron casas, golpearon a los hombres y mujeres que se encontraban allí y maltrataron a los niños. Para hacerlo se ampararon en una orden judicial federal que apuntaba a “remover y secuestrar los obstáculos materiales que se encuentran colocados sobre las vías de circulación” del tren. Luego de arrastrar a mujeres por los pelos y esposarlas, la Gendarmería detuvo a tres jóvenes miembros de la comunidad, que permanecían incomunicados en una dependencia del Servicio Penitenciario Federal de la ciudad cercana de Esquel. Al cierre de esta edición, miembros de comunidades mapuches acampaban en la puerta de la cárcel. Las vías de La Trochita fueron liberadas. Durante la mañana, la Policía de Chubut había realizado un allanamiento en una zona vecina, en este caso por orden del juez provincial José Colabelli que buscaba “rescatar” animales supuestamente robados al empresario Benetton.
El episodio comenzó ayer a primera hora y culminó pasadas las 15. Unos 200 gendarmes cercaron con un operativo cerrojo todos los ingresos a las tierras en las que permanece establecida la comunidad Cushamen, que le reclama su propiedad al dueño de Benetton. Según el comunicado del juez federal Guido Otranto, el objetivo del allanamiento, ordenado el 22 de diciembre pasado, era “remover y secuestrar los obstáculos materiales que se encuentren colocados sobre las vías de circulación del Viejo Expreso Patagónico La Trochita e identificar a las personas que se encuentran imputadas de la comisión del delito” de impedimento de la circulación. 

Según relatos de miembros de la comunidad, los gendarmes ingresaron “de forma muy violenta”, las mujeres de las familias mapuche intentaron refugiarse con sus hijos en sus casas mientras los hombres quedaron afuera. Ahí comenzaron los golpes. Las mujeres contaron que fueron sacadas arrastradas de los pelos y esposadas frente a sus hijos e hijas. Un niño que se quiso interponer cuando atacaban a su madre recibió un golpe. Y a una niña que lo quiso defender la tuvieron arrodillada durante dos horas. Los relatos fueron escuchados por los defensores que llegaron al lugar luego de pelearse con la Gendarmería para que los dejara pasar.  

 A los hombres también los atacaron. Tres jóvenes fueron detenidos –dos tenían heridas en el rostro–, retenidos en una Trafic de la Gendarmería y, al cabo del operativo, trasladados a Esquel. Recién a última hora de ayer fueron identificados y alojados en la Unidad 14 del Servicio Penitenciario Federal.

Otranto aclaró en el comunicado en el que explicó el objetivo de su allanamiento –que distribuyó entre trabajadores de prensa locales seis horas después de iniciado el operativo– que “no se ha ordenado la detención de ninguna persona, salvo de aquellas que intenten resistir violentamente el operativo”. La Gendarmería le informó al juez que los tres detenidos se habían “opuesto violentamente” a la realización de la medida, pero el magistrado no se acercó al lugar a verificarlo. 

Sonia Ivanoff, abogada del lonco (jefe) de la comunidad Facundo Jones Huala y de otros miembros, advirtió que los pobladores de Cushamen habían accedido a dejar circular por el tramo de las vías de La Trochita que mantenían interrumpido con troncos algunos cargamentos y una locomotora que el gobierno de Chubut quería enviar al pueblo de El Maitén, al norte del territorio en disputa. Los pobladores lo habían comunicado a las autoridades, según contó la abogada, a mediados del año pasado, “antes de que el Gobierno interrumpiera la mesa de diálogo en la que se buscaba una solución colectiva” al conflicto por las tierras. Según la abogada, el Gobierno cortó el diálogo cuando la Justicia le negó la extradición a Chile de Jones Huala. “Entonces comenzó el hostigamiento. El problema del pueblo mapuche se ha convertido en un tema de agenda del Gobierno nacional, incluso, que los trata de terroristas”, afirmó Ivanoff. Se refería a un informe interno del Ministerio de Seguridad que identificó a esta comunidad de ese modo, por el que organismos de derechos humanos nacionales e internacionales protestaron.   

Pero no sólo la Gendarmería actuó ayer. Testigos del episodio también se cruzaron con efectivos de la Policía de Chubut en el territorio. Esa fuerza actuó por orden de otro juez, José Colabelli, del fuero provincial y perfil marcadamente antimapuche, quien envió a efectivos a “rescatar” animales no solo de la comunidad de Cushamen, sino también de otras cercanas. Colabelli maneja una denuncia de Benetton por presunto robo de animales. La Policía cargó a todos los animales que se cruzó por los campos, incluso caballos utilizados por los pueblos originarios para realizar ceremonias. 

Tal como publicó este diario en noviembre pasado, en 2004 Colabelli fue destituido por el Consejo de la Magistratura tras desalojar dos años antes a una pareja de mapuches de manera violenta. Pero en 2010 fue repuesto, debido a que uno de los miembros del tribunal que lo juzgó no reunía los requisitos para integrarlo. En 2012 fue denunciado cuando pretendió impedir la realización de un aborto no punible, solicitado por la madre de una niña de 12 años, víctima de una violación. También fue el magistrado que ordenó, en febrero de 2015, la detención de Jones Huala que le permitió a Chile solicitar su extradición sobre la base de una falsa secuencia de acontecimientos urdida por la policía. 

Durante la tarde de ayer hubo un episodio más, sobre el que fuentes locales advirtieron que la Policía de Chubut “mantiene especial hermetismo”. Según las versiones que circularon hasta el cierre de esta edición, efectivos policiales habrían disparado a pobladores mapuches que circulaban por territorios cercanos al El Maitén en busca de sus animales. La policía habría herido a una persona y demorado a otras seis.

12012017

Decenas de heridos en Chubut: “Entraron a matar”, relataron los mapuche de Cushamen ante la arremetida de la infanteria

http://www.mapuexpress.org/?p=15123

13012017

Solidaridad Mapuche sin fronteras: Comunicado CAM y ORT

https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2017/01/13/solidaridad-mapuche-sin-fro-comunicado-cam-y-ort/

13012017

Alerta – Wallmapu: Comunicaciones Mapuche ante gravísimos hechos de violencia-estatal empresarial

http://www.mapuexpress.org/?p=15147

14012017

Alianza Territorial Puelwillimapu denuncia colusión entre empresa CLARO y falsos dirigentes para imponer proyecto hidroeléctrico

http://www.mapuexpress.org/?p=15188


					
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