braga

Ver campaña: http://www.liberdadepararafael.meurio.org.br/

SOMOS TODOS DEFENSORES DE RAFAEL BRAGA

Jovem, negro, pobre, catador de latinhas e morador da Vila Cruzeiro, Rafael Braga foi o único condenado no contexto das manifestações de 2013 – mesmo sem ter participado delas – por portar pinho sol e água sanitária.

Em janeiro deste ano, a caminho da padaria na favela onde morava, foi novamente preso a partir de um flagrante forjado, de acordo com testemunhas, e acusado de associação e tráfico de drogas, mesmo estando sob vigilância. Na calada da noite, às vésperas do feriado de 21 de abril, Rafael foi condenado a 11 anos de prisão. 

A série de absurdos do caso de Rafael não param por aí: o juiz que o condenou levou em consideração apenas os depoimentos contraditórios dos policiais que o prenderam. Além disso, foi negado a ele o direito à ampla defesa: o juiz negou o pedido de acesso à câmera da viatura policial que o levou à delegacia e ao GPS da tornozeleira – provas que poderiam ter mudado o rumo do julgamento e comprovado sua inocência.

A defesa de Rafael irá recorrer da decisão, por isso precisamos unir nossas forças e continuar a mobilização pela liberdade de Rafael e conseguir reverter essa injustiça. Inscreva-se agora para ser alertado dos próximos passos!

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texto amplio: http://www.anarkismo.net/article/30202

Rafael Vieira Braga es un joven negro y pobre, que hasta junio del 2013 trabajaba recogiendo materiales para reciclar, en las calles del centro de Río de Janeiro. Vivía en las calles la mayor parte del tiempo, para ahorrar el dinero del ómnibus, volviendo ocasionalmente a su casa, en Vila Cruzeiro, donde vivía con sus padres, hermanos y hermanas. Sin embargo, su rutina ha cambiado en el 20 de Junio de ese año.

 

Ese día hubo, en Río de Janeiro, la más grande de las manifestaciones populares que se hicieron ese año, contra el aumento de las tarifas de ómnibus. Durante la dispersión del acto, en la ‘Rua do Lavradio’, barrio Lapa, Rafael fue detenido por la policía cerca de la casa abandonada en donde, a veces, dormía. Él no había participado en la manifestación, pero llevaba dos botellas de plástico, ambas con productos de limpieza lo cual alcanzó para incriminarlo. En la comisaría, los policías que lo detuvieron presentaron como prueba en su contra las dos botellas abiertas y con trapos metidos dentro. Fue acusado de llevar cócteles molotov, y condenado a cinco años y dos meses de prisión.

 

Rafael pasó cinco meses detenido en el Complejo de Carceles de Japeri, en espera de juicio, siendo defendido por un defensor público. El 23 de Septiembre, la Defensoría Pública solicitó la revocación de su prisión, pero el pedido fue rechazado por el juez de la 32ª Vara Criminal cuatro días después. En el 2 de diciembre, Rafael fue condenado a 5 años y diez meses de prisión, siendo trasladado a ‘Bangu 5’ días más tarde. La declaración de la policía antibombas señaló que Rafael cargaba productos de limpieza cuya posibiliada de funcionar como explosivo era casi nula.

 

La condena de Rafael tuvo algo de espacio en la prensa gracias a lo cual activistas, militantes y colectivos supieron que Rafael todavía seguía encarcelado. Fue entonces que el Instituto de Defensores de los Derechos Humanos (DDH) se hizo cargo de su defensa. A su vez, algunos colectivos y militantes de movimientos sociales empezaron a articularse para ayudar en la divulgación del caso de Rafael.

 

Después de asumir el caso, el DDH presentó una apelación en contra de la sentencia por la cual había sido condenado Rafael. Sin embargo, en el 26 de agosto del 2014, la Tercera Sala Penal de la Corte de Río de Janeiro decidió mantenerlo en prisión, reduciendo su condena en tan sólo 4 meses. Ese día, un gran Acto-Vigilia se llevó a cabo frente al Tribunal de Justicia de Río de Janeiro, y la gente permaneció allí desde la víspera del juicio de la apelación, el día 25, hasta la decisión final del tribunal, al día siguiente.

 

En el Octubre del 2014, Rafael ingresó al sistema semiabierto, entonces pudo salir a trabajar, volviendo a la cárcel para dormir. Después de muchos esfuerzos, el DDH logró conseguirle un trabajo, en una oficina de abogados. En Noviembre del mismo año, uno de sus abogados publicó en internet una foto de él frente a una pared pintada con la frase: “Usted mira de la izquierda hacia la derecha, pero el Estado te aplasta desde arriba hacia abajo”. El abogado tomó la foto en su camino de vuelta a la prisión, después de un día de trabajo. Rafael pasó entonces cerca de un més en régimen de aislamiento. Sufrió además algunas penalidades y perdió el derecho al régimen semiabierto. El 1° de diciembre del 2015 ingresó al sistema abierto y pudo salir de la cárcel, siendo monitoreado por medio de una pulsera electrónica en el tobillo.

 

De vuelta a su casa con su familia, en Vila Cruzeiro, en el 12 de Enero del 2016, Rafael salió por la mañana para ir a la panadería, a pedido de su madre, Adriana. En el camino fue abordado por policías militares, agentes de la UPP local. Los policías le acusaron de tener vínculos con el tráfico de drogas, y le exigieron que les pasara información y que asumiera ser un criminal. Fue golpeado en el camino a la comisaría, además de sufrir amenazas sobre lo que la pasaría emcaso que no asumiera su “vínculo con el tráfico”. Los policías le “plantaron” un “kit” con 0,6 g de marihuana, 9,3g de cocaína, además de fuegos artificiales. Desde entonces, Rafael fue nuevamente encarcelado por tráfico de drogas, asociación y colaboración con el tráfico.

 

En las audiencias fueron escuchados los policías que lo acusaron y lo detuvieron, los testigos de la defensa y el propio Rafael. Durante los testimonios, los policías entraron en contradicciones, tanto entre ellos como respecto a lo que habían dicho anteriormente, cuándo lo detuvieron. El DDH solicitó, durante las audiencias, 5 diligéncias al juez: el GPS de la pulsera electrónica que monitoreba Rafael; el nombre del ingeniero y de la empresa de ingeniería que, según la policía, los estabán acompañando ese día; imágenes de la cámara interior y exterior del vehículo de la policía e imágenes de la cámara de la UPP, adónde llevaron Rafael. El juez principal ha negado todas las diligéncias, remitiendo el caso para el Ministério Público (MP). El proceso estaba a la espera del dictamen del MP para que se presenten los argumentos finales, por parte de la defensa, pero el juez condenó Rafael a 11 años de prisión.

 

¡Libertad para Rafael Braga!

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más info: https://ladiaria.com.uy/

Brasil

Cada 23 minutos un joven negro es asesinado

El único preso de las manifestaciones de 2013 es condenado a 11 años de prisión en polémico fallo por “tráfico de drogas”

Marcelo Aguilar, desde San Pablo

La Diaria, 28-4-2017

Si sos negro, si sos pobre, si la cana (policía) te la tiene jurada, si vivís en la periferia, si tenés un faso, estás en peligro en Brasil. Podés ser la siguiente víctima. Según el informe final de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del Senado sobre Asesinatos de Jóvenes publicado en 2016, cada 23 minutos un joven negro es asesinado en Brasil. Cada año, mueren 23.100 jóvenes negros de 15 a 29 años. La tasa de homicidios de jóvenes negros es cuatro veces mayor que la de los blancos. Y si no te matan, te guardan. Ese es el caso de Rafael Braga, clasificador, el único que quedó preso después de las revueltas de junio de 2013.

En aquel momento, la Policía lo detuvo con dos botellas cerradas de Pinho Sol -un desinfectante-, y lo acusó de portar explosivos. Llevaba un mes en régimen semiabierto, con una tobillera electrónica, cuando en enero de 2016 lo detuvieron en la favela Vila Cruzeiro, que integra el Complejo do Alemão, en la zona norte de Río de Janeiro. Según contó en aquel momento su abogado, Lucas Sada, al medio digital Ponte Jornalismo, “los policías llegaron puteando […] lo amenazaron con estupro, le dijeron que hablara o lo iban a comer, que lo iban a apalear, y que le iban a plantar drogas y armas”.

En la misma entrevista, Sada dice que “esa acción fraudulenta de la Policía solamente refuerza el carácter selectivo del sistema penal […] Rafael es un joven negro, pobre, que estaba en una región de venta de drogas, vestido de chinelas, camiseta, bermudas y con la tobillera a la vista”, por lo tanto “carga en la piel el estereotipo criminal, y al no dar a los policías lo que querían es una víctima muy fácil para criminalizar; al fin de cuentas, ¿quién va a creer en la palabra de un negro pobre y reincidente?”, dice. Y así fue.

En una sentencia publicada el jueves 20, el juez Ricardo Coronha Pinheiro, en nombre del Tribunal de Justicia del Estado de Río de Janeiro, lo condenó a 11 años y tres meses de prisión y a pagar una multa de 1.687 reales, unos 15.000 pesos. En la sentencia, la única versión tomada en cuenta es la policial, que dice que Braga llevaba “con finalidad de tráfico” 0,6 gramos de cannabis sativa y 9,3 gramos de cocaína. Uno de los policías militares que lo detuvieron dice que vio un grupo corriendo, pero Rafael Braga fue el único que “permaneció parado, distraído, con una bolsa en la mano”.

Ese mismo policía dice que la zona en la que Braga fue preso es dominada por el Comando Vermelho, una de las facciones del crimen organizado. El juez afirma que “la regla de experiencia permite concluir que nadie puede traficar en una comunidad sin integrar la facción criminal que practica allí el nefasto comercio de drogas, sin pagar con la propia vida”. O sea, asocia directamente a Braga no solamente con el tráfico de drogas, sino con el Comando Vermelho. Listo, adentro.

La prisión de Braga, desde 2013, ya había despertado resistencias y apoyos no sólo en Brasil, sino también fuera del país, y se lo ha considerado un preso político. Con esta nueva condena se reavivó la indignación, y los movimientos de derechos humanos mantienen la lectura: Braga es un preso político. Se inició una nueva campaña por su liberación, y el lunes de tarde hubo movilizaciones en varias ciudades del país. En San Pablo, por ejemplo, se llevó a cabo una vigilia convocada por organizaciones del movimiento negro, y las Madres de Mayo -que nuclea a las madres de los más de 500 jóvenes asesinados por la Policía entre el 12 y el 20 de mayo de 2006 en San Pablo, en una matanza que se asoció con la venganza policial por ataques perpetrados por el Primer Comando de la Capital (PCC) contra policías- y distintas articulaciones que piden la liberación de Braga.

Débora Maria Silva, una de las fundadoras de Madres de Mayo, gritó en el micrófono: “Basta de encarcelamiento en masa, basta de exterminio y matanza en la periferia y en nuestras favelas. Estamos aquí para decir que exigimos la liberación de Rafael Braga, víctima de una Justicia racista y clasista contra pobres y negros, que no aceptamos. El Estado brasileño es genocida, asesino y opresor, y no aceptamos más la violencia de su policía, están exterminando a nuestros hijos. Rafael Braga está presente aquí con nosotros”. No es la primera vez ni la última, dice Zilda, una de las madres de las víctimas de una matanza, de 2015 en Osasco, en la zona oeste de la región metropolitana de San Pablo: “Yo no sé cuándo va a parar esto, si la cosa sólo empeora. Hablan de terrorismo allá afuera, y el terrorismo está acá adentro. Estoy tan triste con la muerte de mi hijo como con esta situación, en la que nadie dice nada y cada hora que pasa es una carnicería. ¿Vamos a tener que aceptar ver a nuestros niños morir?”.

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